Un nuevo escándalo político remece a este gobierno. Desde hace unos días no cesa el “remezón” causado por la grave denuncia que realizó el ex Comandante General del Ejército Peruano, General de División José Vizcarra Álvarez, en contra de Arnulfo Pacheco Castillo, Secretario General de Palacio de Gobierno, a quien acusó de haberse interesado indebidamente, por no decir ilegalmente, en los ascensos de oficiales del Ejército, pretendiendo ascender a quienes no tenían mérito para ello; denuncia que ha colocado al secretario de Palacio de Gobierno en una situación sumamente grave y comprometedora.

El ex Comandante General del Ejército peruano narró con lujo de detalles cómo el secretario le transmitía mensajes del propio presidente de la República Pedro Castillo y del renunciante Ministro de Defensa Walter Ayala, sobre los aludidos ascensos ilegales. El General Vizcarra denunció que, al no acceder a los pedidos, fue llevado a Palacio de Gobierno para que converse personalmente con el presidente de la República Pedro Castillo ¡esto es el colmo!

La denuncia del valiente General Vizcarra, ha generado la reacción inmediata de la Fiscalía de la Nación, quien ha dispuesto iniciar investigaciones preliminares en contra del renunciante Ministro Ayala y los que resulten responsables, por delito de abuso de autoridad y concusión. La Procuraduría Anticorrupción ha hecho lo propio, denunciando al secretario Arnulfo ante el Ministerio Público, por delito de tráfico de influencias. Mientras que, la Comisión de Defensa del Congreso de la República, inició investigación citando a todos los implicados, pero el secretario Arnulfo se negó a asistir a la citación y optó por guardar silencio.

Nuevamente, funcionarios de este gobierno se encuentran comprometidos en una crítica situación que sigue aumentando la incertidumbre y zozobra que invade el país, por una sumatoria de hechos que lindan con la corrupción de funcionarios, flagelo que “supuestamente” el presidente Castillo combate y rechaza. Por esta razón, el presidente Castillo debería separar del cargo a su secretario y dejarlo en manos de las investigaciones fiscales, pues caso contrario, el costo político en Palacio de Gobierno, no podrá ser pagado ni negociado.

Finalmente, el secretario debería renunciar por decoro y por el bien de las investigaciones, en la medida que ya ha sido denunciado por un General de División, a quien yo le creo, y de esta forma, su renuncia contribuiría a no agudizar la grave crisis en la que se ha involucrado. Hasta la próxima semana.

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