El actual gobierno del presidente Castillo, tiene serios problemas, desde un inicio, para elegir o designar funcionarios del más alto nivel, en la medida que muchos estaban cuestionados ya sea por procesos pendientes, por atestados antiguos, por sentencias y, como mínimo, cuestionados por su falta de experiencia en la gestión pública, por su falta de capacidad para ocupar tan altos cargos en las esferas del Estado.

Hemos tenido, desde un Premier procesado o investigado, un Ministro de trabajo con atestados por vínculos con el terrorismo e inclusive sentenciado por revueltas sindicales al interior del país; un Canciller con vinculaciones al Movadef que se atrevió a acusar a la Marina de Guerra de practicar terrorismo de Estado, motivo por el cual tuvo que ser defenestrado de su cargo; han desfilado por este gobierno de procesados, funcionarios con claras pruebas de conflicto de intereses, como el ex Ministro del Interior, quien como abogado, defendía al socio político del presidente en investigaciones por corrupción y lavado de activos; hemos tenido en el gobierno a un Ministro de Defensa que hoy en día está investigado por la Fiscalía de la Nación, por pretender influir en el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas; hemos tenido un secretario general de Palacio de Gobierno vinculado a una facción, que al igual que el Ministro de Defensa de ese entonces, trataba de influenciar al más alto nivel de la SUNAT, a favor de empresas deudoras con el Estado y que hoy ha sido involucrado en una investigación preliminar en la Fiscalía anticorrupción, lo cual generó una diligencia fiscal de allanamiento en el mismo Palacio de Gobierno, donde se encontró la suma de veinte mil Dólares americanos escondidos en un baño, cual dinero mal habido.

Y, hoy en día, tenemos a empresarios que se reúnen a escondidas con el primer mandatario de la República y visitadoras en evidentes actos colusorios que serán materia de investigación fiscal. Como si fuera poco, hemos tenido allanamientos en el Ministerio de Economía para identificar las malas prácticas de funcionarios de este sector, involucrados nuevamente en actos colusorios con gobernadores regionales para favorecer obras públicas, supuestamente a cambio de comisiones ilegales.
Tenemos en este gobierno hechos bochornosos como las fiestas covid en Halloween o en el día de la canción criolla, una Superintendente de Bienes Nacionales que ahora no sabemos para qué visitaba al Presidente en Breña, infringiendo la ley de transparencia, con reuniones entre funcionarios y el presidente de la República. Actualmente, tenemos a una Premier que infringe la Ley General de Minería y su reglamento de concesiones, en un claro propósito de interferir contra la actividad productiva en este sector.

En fin, hemos tenido de todo en estos casi cinco meses de fatal gobierno, con una crisis económica aguda, inseguridad ciudadana que nos lleva a la pregunta ¿esto no es incapacidad moral? Por lo tanto, que actúe la sociedad peruana y el Congreso de la República con el firme respaldo de los medios de comunicación. Hasta la próxima semana.

(*) Abogado
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