¡VACANCIA PRESIDENCIAL!
A estas alturas, a poco más de cien días del desastroso gobierno del presidente Pedro Castillo, suenan los tambores de la vacancia presidencial por una clara y manifiesta incapacidad moral del presidente, quien, con sus actuaciones en el escenario político, mantiene al país en un estado de crisis y zozobra, motivo suficiente para que el Congreso de la República, en uso de sus facultades constitucionales presente inmediatamente la primera moción de censura, como trámite necesario para evaluar la vacancia presidencial y dejar de lado meros cuestionamientos individuales contra algunos ministros; en otras palabras, están obligados a ir al núcleo del problema, es decir, evaluar las condiciones morales del primer responsable político de la República.
El país no puede continuar en esta coyuntura de total incertidumbre, camino al deterioro y destrucción de la economía nacional; tiene que haber una reacción en dos dimensiones legítimas, que son la expresión ciudadana y la reacción del Congreso, ambas constitucionalmente aprobadas, concurrentes al unísono en este momento histórico por la democracia de nuestro país.
Se deberá evaluar la incapacidad moral del presidente por haber ofrecido a la República ministros de Estado con procesos penales por terrorismo; por haber colocado en los inicios de su gobierno, a un ministro de Relaciones Exteriores que desafió a la Marina de Guerra, acusándola de promover el terrorismo; por haber permitido la legalización de la Fenate con claras vinculaciones al Movadef, que resulta ser el brazo político de Sendero Luminoso y todo el país lo sabe; incapacidad moral por poner en riesgo al sector educativo nacional, colocando como titular de Educación al actual ministro Carlos Gallardo, cuestionado por sus claras vinculaciones al Fenate y al Movadef; por aprobar la designación de un ministro del interior como Barranzuela, con un claro conflicto de intereses, pues había ejercido la defensa de Vladimir Cerrón en procesos de corrupción y lavado de activos, en los que el agraviado es el Estado y la sociedad peruana; incapacidad moral por el atentado normativo contra las Fuerzas Armadas, dando de baja a oficiales de alta graduación y colocando a otros en su reemplazo, respondiendo a posiciones personalísimas.
Su incapacidad moral tiene que ser evaluada por atentar contra la estabilidad jurídica de la explotación de hidrocarburos como el gas de Camisea, vulnerando la ley de Contrataciones del Estado, que no puede estar subordinada a ideologías trasnochadas o compromisos económicos y políticos con otros países, como Bolivia; incapacidad moral por designar a embajadores políticos con impedimento de salida del país por procesos penales pendientes, como el caso del defenestrado Richard Rojas, quien luego de no ser aprobado por la cancillería panameña, se pretendió designarlo como embajador plenipotenciario en Venezuela, designación que se frustró por el impedimento de salida dictado en su contra por el Poder Judicial peruano.
Finalmente, evaluar la incapacidad por la manipulación ideológica en todos los sectores del Estado, colocando en puestos claves a funcionarios sin ningún mérito ni calificación alguna, no pudiendo afirmar que estas designaciones no eran de su conocimiento. Vuelta a la página, olvidemos que alguna vez tuvimos este presidente y a reconstruir el país en el marco de nuevas elecciones democráticas. ¡Viva el Perú! Hasta la próxima semana.
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