SOLICITAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL EXGERENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia.
Esta solicitud se da luego que exgerente se encuentra investigado por el caso de las cartas fianzas falsas en la obra de mejoramiento del centro de Salud de Máncora y por haber otorgado al consorcio cerca de 4 millones de soles como adelanto directo, asimismo, solicitó la misma medida contra otras dos personas.
Medida
El fiscal José Jiménez solicitó la medida de 18 meses ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el exgerente regional Jesús Torres Saravia.
Asimismo, también la medida es solicitada contra Lisset Julliana Ballivían Castro, asistente de la Gerencia General, y Edgar Wilfredo Baca Palacios, presunto intermediario, quien se encuentra como no habido.
Por ello, el Ministerio Público realizó la solicitud a la fecha de audiencia de prisión preventiva dentro del plazo judicial.
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El requerimiento de prisión preventiva contra Torres Saravia fue presentado la tarde de ayer, luego de vencerse el plazo de detención preliminar, mientras que Julaian Ballivían se le vence mañana.
Como se sabe, el exgerente regional fue intervenido en una clínica en Trujillo, luego de ser internado por una operación al tabique. Su traslado a Piura aún está en espera, para que afronte el proceso en su contra.
Por otro lado, los Karina del Fátima Ordinola Espinoza, trabajadora del área de abastecimientos; Rosa Ana Zapata Quevedo, secretaria de Tesorería, así como de los empresarios Marco Antonio Perez Frey, apoderado de empresa Río Bravo SAC y Vladimir Iván Sokoli Montoya, gerente general de la empresa Masedi, fueron liberados bajo comparecencia restringida tras un pago de una caución de 5, 10, 50 y 100 mil soles, respectivamente.
Según la Fiscalía, los cuatro liberados – bajo comparecencia restringida – no representaban peligro de fuga y obstaculización de la justicia, además de que se sometieron a la persecución penal de las investigaciones. Por otro lado, dos exfuncionarios siguen prófugos de la justicia.
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