Investigan a Aníbal Torres y Félix Chero por delito de organización criminal

Dentro del caso está comprometido el presidente Pedro Castillo por encubrimiento.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso incluir al primer ministro Aníbal Torres en su condición de extitular de Justicia, y al actual encargado de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por delito de organización criminal.

El Ministerio Público a través de su cuenta oficial de Twitter informó que se amplía la investigación preliminar correspondiente a la carpeta fiscal N° 124-2022, en la que el presidente Pedro Castillo viene siendo investigado por encubrimiento personal y organización criminal.

DOS MÁS

La decisión de la Fiscalía de la Nación contra los dos ministros ocurre tras la presentación del jefe de Estado, quien se habría acogido a su derecho de guardar silencio frente a las acusaciones del exministro del Interior Mariano González, que denunció supuestas trabas para dar con el paradero del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

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Precisamente la presunta actitud del mandatario habría llevado a que la Fiscalía tome esa decisión. “La Fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal”, indicó el Ministerio Público.

OBSTRUCCIÓN

Como se recuerda, esta acusación contra el mandatario se aperturó luego de que Mariano González, tras renunciar al Ministerio del Interior, aseguró que Castillo Terrones estaría obstruyendo a la justicia y su retiro del cargo se dio por el desacuerdo del mandatario con la conformación de un equipo especial de la PNP que tenía como objetivo capturar a Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez.

Ante esta situación, Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, pidió la nulidad absoluta para su defendido en contra de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público. Sin embargo, el juez Juan Checkley declaró infundado el pedido del jurista al considerar que no se observa vulneración al debido proceso.

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