“CONGRESISTAS NO DEBEN EVALUAR A MAGISTRADOS DEL TC”

Constitucionalista Miguel Estela La Puente señala que así no habría cruce de intereses.

Martes 7 de Julio del 2020 | 1:03 pm

Tras los arduos debates en el Congreso de la República sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el abogado Miguel Estela La Puente señaló a EXTRA de que los “congresistas no deben evaluar a magistrados del TC, por la naturaleza política del cargo”.

Recordemos que seis de los siete magistrados del TC deben de ser cambiados, al haber concluido el periodo para el cual fueron electos.

  • ¿Bajo qué premisa aduce que futuros magistrados del TC no deben ser evaluados por los congresistas?

Existen dos razones por las cuales considero que los congresistas no deben evaluar a los magistrados del Tribunal Constitucional. La primera de ellas se vincula a que la naturaleza del cargo de congresista es política y; por lo tanto, las conductas desplegadas por quienes ejercen ese cargo siempre serán motivadas por intereses de diversa índole: económica, social, cultural, etc. En ese sentido ¿Podríamos confiar al Congreso elegir a quienes serán los máximos intérpretes de la Constitución y administrarán justicia? ¿Acaso no van a aprovechar la oportunidad para elegir a quienes sean compatibles con sus intereses, posiciones o ideología?

  • ¿Entonces como debe llevarse la evaluación, sino hay elección por parte del Congreso?

Aclaremos, no cabe duda que el Congreso debe participar en la elección de los magistrados a fin de que se cumpla con el principio democrático consagrado en el artículo 201 de la Constitución, pero ¿Debe evaluar a los candidatos? ¿Realmente ser evaluado por congresistas atrae a los mejores juristas constitucionalistas del país? Pues no, la evaluación debe ser conducida, como bien propone el profesor Luis Sáenz Dávalos, por una comisión integrada por notables pertenecientes a las principales Facultades de Derecho del país (tanto nacionales como privadas), a la Academia de la Magistratura y a los Colegios de Abogados y una cuota proveniente de los principales órganos constitucionales autónomos del Estado (Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia). Debería ser dicha Comisión la que, en exclusiva, debería evaluar los perfiles curriculares y de trayectoria de cada uno de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional y proponer un número de dos o tres ternas a fin de que sea el Congreso el que simplemente se limite a elegirlos, pero dentro del contexto de esas mismas ternas sin que a su vez tenga incidencia alguna en el proceso de estricta evaluación.

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  • ¿Puede aclararnos en que debe participar el Congreso entonces?

Se insiste en que el Congreso debe elegir, pero no evaluar; de este modo, se garantiza solvencia profesional y académica y se cumple con el mandato constitucional que indica que los magistrados del Tribunal son elegidos por el Congreso de la República.

La segunda razón está vinculada al principio de representación ¿A qué me refiero? Cuando nosotros votamos por un candidato para que sea elegido congresista lo hacemos en función a las expectativas que podamos tener sobre ese candidato, ya sea por propuestas, simpatía u otra razón, pero la representación es una ficción más aún cuando los congresistas no están obligados a cumplir instrucciones de quienes los eligen, lo que la Constitución llama mandato imperativo.

  • ¿Qué atribuciones entonces tienen los parlamentarios en esta elección de magistrados del TC?

El congresista tiene toda la libertad para desvincularse de quienes lo llevaron a ese cargo porque no representa a ese sector que lo eligió sino a toda la nación, lo que, en efecto ocurre y por eso se produce la crisis de la representación y los ciudadanos sienten lejano a su representante, se sienten defraudados porque los intereses muchas veces son personales y se actúa de manera incoherente a lo que se propuso en campaña electoral, eso significa que los congresistas no reúnen las competencias para ejercer el cargo conforme a lo que se requiere, no hay eficiencia y menos vínculo entre elector y elegido.

Por consiguiente, sino son capaces de sostener el vínculo con sus electores, sino son eficientes y coherentes con sus propuestas prometidas en campaña porque los partidos políticos no realizan filtros para eliminar estas deficiencias, entonces nada garantiza que los congresistas sean los mejores agentes para evaluar a los mejores profesionales especialistas en Derecho constitucional; todo lo contrario, una persona de gran trayectoria y profundo sentido de justicia cuestionaría ser evaluado por quienes se movilizan por avatares coyunturales.

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