Poder Judicial de Andorra congela US$ 3 mllns. del entorno de Alan García

Cuentas en el país europeo contendrían presuntos sobornos a funcionarios.

El Poder Judicial del Principado de Andorra ordenó, el pasado marzo, bloquear 30 cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, con un saldo total de 52.2 millones de euros, que, presuntamente, habrían servido para recibir sobornos de la empresa brasilera Odebrecht, y cuya titularidad mantenían empresarios y ex altos funcionarios de los gobiernos de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.

En lo que respecta a nuestro país, se congelaron 3 millones de euros de 7 cuentas vinculadas a altos funcionarios de la segunda gestión gubernamental del fallecido expresidente Alan García, según documentos a los que accedió el diario español El País.

Según la información, en el caso peruano, la jueza del Principado de Andorra, Stephanie García, resolvió esta medida que afecta las cuentas de funcionarios y presuntos testaferros del segundo gobierno aprista.

Tal es el caso del exdiputado del PPC, Jorge Horacio Cánepa, quien es investigado por la Fiscalía peruana por, presuntamente, haber favorecido a Odebrecht con 17 laudos que resolvió a favor de la constructora brasilera a cambio de coimas, cuando era árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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Otros de los exfuncionarios afectados por el bloqueo es Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitación de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, Luyo Barrientos mantenía una cuenta a su nombre en el Credit Andorrà con 1.2 millones de euros. Asimismo, la medida impositiva alcanza a Santiago Chau Novoa, exfuncionario del Ministerio de Transportes.

OTRA CUENTA BLOQUEADA

El medio español revela también que otra cuenta bloqueada de la BPA es la de Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú entre 2008 y 2011. Otro exfuncionario afectado por la medida es el exjefe del Ositran, Juan Carlos Zevallos Ugarte.

Además, la justicia de Andorra congeló la cuenta, gestionada por Odebrecht, de Gabriel Prado Ramos, quien fue director de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante la gestión edil de Susana Villarán.

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