Pedro Castillo continuará encarcelado: PJ rechazó pedido de revisión de prisión preventiva en su contra

En contra del expresidente golpista recaen los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.


El expresidente Pedro Castillo permanecerá encarcelado hasta el 2026 en el penal Barbadillo en el distrito de Ate, ello luego de que el Poder Judicial (PJ) rechazase el pedido de revisión de la prisión preventiva que recae en su contra por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias.

El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó la citada medida tras declarar infundado el pedido del abogado del exmandatario golpista para que se revise de oficio la medida judicial que afronta por los casos de Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

Al respecto, el magistrado enfatizó que la investigación en las entidades anteriormente mencionadas es compleja, por dicha razón podría ocurrir un intento de fuga y obstaculización por parte de Castillo Terrones.

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Así lo anunció el Poder Judicial a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) en el que además adjuntaron una misiva en la que se señala:

“Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo, y consecuentemente, se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses dictada por este juzgado supremo mediante resolución 3 del 9 de marzo de 2023”.

Los delitos que recaen en contra de Pedro Castillo

Como se recuerda, Pedro Castillo viene cumpliendo prisión en el penal Barbadillo, desde el pasado 7 de diciembre de 2022 por el delito de rebelión, sumado a ello se dictó una segunda prisión preventiva en la investigación en su contra por organización criminal.

De igual manera, se le imputa la comisión del delito la comisión del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad tráfico de influencias agravado ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal.

Por último, el golpista es investigado por ser cómplice de presunto delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de colusión.

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