¿Qué tiene que ver la OEA?

¿Qué tiene que ver la OEA?

El Perú es un país independiente, soberano, construido en base a una democracia de representación, con estructuras institucionales establecidas y, si bien es cierto, estas instituciones se encuentran debilitadas, no es menos cierto que están constitucionalmente habilitadas para velar por el ordenamiento jurídico, dentro de una autonomía de poderes, que finalmente es lo que representa el equilibrio democrático de un país.

Por lo tanto, en los asuntos en materia de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son autónomos e independientes en sus actuaciones de investigación y juzgamiento, respectivamente; y, supuestamente, no deberían estar sometidos a voluntades políticas, interferencias o controles del gobierno de turno. Sin embargo, el presidente Castillo ha invocado la aplicación de la Carta Democrática que ha sido suscrita por el Estado peruano como parte integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se equivoca, una vez más, el presidente de la República al activar este mecanismo para evadir sus responsabilidades y sus respuestas al país, pero sobre todo a la justicia, puesto que, en su condición de presidente, no puede y no debe someter la soberanía interna de nuestros aparatos de control jurídico a un documento que nada tiene que ver con una investigación penal en curso y con una denuncia constitucional que ha efectuado la Fiscal de la Nación.

El hecho es concreto; es decir, existen muchas carpetas fiscales en las que se involucra al presidente de la República en actos de corrupción y en varias carpetas de investigación, el Ministerio Público ha establecido la existencia de una organización criminal; pero esto no queda ahí, lo peor es que la cabeza de esta supuesta organización criminal estaría liderada por el primer mandatario de la República.

La OEA no puede ser cómplice de la corrupción; la OEA no puede interrumpir el curso normal de las investigaciones fiscales, caso contrario sería prácticamente una intromisión y una dictadura por parte de un organismo internacional. La OEA no puede interferir en la administración de justicia de uno de sus países miembros y considero un gran error por parte de nuestra Cancillería, haber sugerido esta maniobra para neutralizar la actuación de la justicia peruana frente a la crítica situación del presidente y de su entorno más cercano. Finalmente, exhortamos a la OEA para que su actuación no quede en la historia como la de un cómplice o la de un ente encubridor de hechos de corrupción que se están investigando por órganos autónomos de un país soberano. Hasta la próxima semana.

(*)Abogado
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