Decretos que vulneran la Constitución: especialista alerta sobre medidas de combate a la extorsión

El Poder Ejecutivo oficializó un decreto legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal.

Este DL que se aplica en todo el país, precisa que el Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal, asume la conducción de la investigación desde su inicio y controla jurídicamente la investigación que realiza la Policía Nacional del delito de extorsión y delitos conexos.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), en ejercicio de la tutela del orden interno, previene, investiga y combate la delincuencia, y en materia procesal penal, realiza la investigación del delito de extorsión y delitos conexos.

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Es anticonstitucional

Para el especialista en derecho penal, Mario Amoretti, se trata de un decreto legislativo que atenta contra lo que dice la Constitución: “Estos decretos le dan una autoridad extrema a la Policía, estas modificaciones so pretexto de combatir la alta criminalidad vulneran derechos fundamentales, como por ejemplo la interceptación de comunicaciones solo con el pedido de un policía, cuando de acuerdo a la Constitución es el juez quien tiene que autorizar el levantamiento de secretos bancarios, tributarios y de las comunicaciones; no lo puede hacer un fiscal a pedido de la Policía. Se están vulnerando los derechos fundamentales”, precisó a nuestro medio.

Amoretti recordó que hace unas semanas fue convocado –junto a otros especialistas– al Congreso para tratar el tema y buscar soluciones desde el punto legal a la lucha contra la delincuencia, aunque lamentó que sus opiniones no hayan sido recogidas por el Ejecutivo: “Estos decretos legislativos son inconstitucionales y es una de las razones por las que los especialistas que fuimos llamados al Congreso por la Comisión de Constitución nos opusimos a que se le diera este tipo de facultades al Ejecutivo. Con esta medida, un opositor al gobierno puede ser víctima de un seguimiento y hasta podrían involucrarlo en algún hecho delictivo. Estos decretos tienen que ser derogados o modificados pues vulneran la Constitución”.