SEGURIDAD CIUDADANA

Miércoles 29 de Julio del 2020 | 3:16 pm

Por: Roberto Rendón

Problema permanentemente grave es el de la Seguridad Ciudadana. Expreso, Extra y otros diarios y canales televisivos informan diariamente de los actos delincuenciales que agravian a hombres, mujeres, niños, ancianos que están las calles, establecimientos comerciales, bancos y hasta en sus viviendas.

Los delincuentes son exhibidos por la P.N.P. e informan que muchos de ellos antes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales pertinentes. Ello evidencia que magistrados les han dado libertad y los delincuentes continúan cometiendo delitos. ¿Por qué les dieron libertad?

Un caso sería porque la Policía no probó el hecho delictivo. Otro, que los magistrados responsables de procesarlos y juzgarlos para imponerles la pena privativa de libertad no han aplicado debidamente el artículo 444° del Código Penal sobre lo tipificado en los artículos 185° y 205° alegando la cuantía del bien robado o hurtado y les aplican la “pena” de “prestación de servicios comunitarios” eludiendo, por acción y omisión, lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 440 del mismo Código que dice: “Las penas que pueden imponerse son las limitativas de derechos y multa, salvo los casos de reincidencia o habitualidad en faltas dolosas reguladas en los artículos 441° y 444°, en cuyos casos se reprime con pena privativa de libertad del delito aplicable” (SIC). En esos casos la pena es privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.

Es elocuente “que considerando el hecho solo como falta” y aunado a no procesar al delincuente en los plazos establecidos legalmente, es que al parecer los administradores de justicia no perciben que esos actos delictivos prescriben al año de cometido (Inciso 5 del artículo 440°), de tal manera que los delincuentes –y sus defensores– encuentran en ello el estímulo necesario para seguir delinquiendo.

Otra cuestión imprescindible es que el Congreso de la República expida de inmediato y bajo responsabilidad, leyes modificando radicalmente tanto la tipificación de los actos delincuenciales como las penas y que sean acumulativas sumándose las penas por todos los delitos. También estableciendo responsabilidad penal a los administradores de justicia que no cumplen los plazos procesales que les señalan los Códigos y leyes procesales.

El primer artículo de la Constitución establece la defensa de la persona. Los congresistas deben tomar conciencia de esta norma y de los muchos actos delincuenciales que diariamente se cometen. Debe cambiarse de inmediato la legislación penal estableciendo penas severas y que sean de cumplimiento obligatorio. Y establecer la responsabilidad legal de los administradores de justicia.