Alfredo Vignolo
LA ESPADA DE DAMOCLES

MINISTROS CON ANTICUCHOS

Jueves 13 de Febrero del 2020 | 1:15 pm

En nuestro país aún rige la Ley No. 27815 (Ley del Código de Ética de la Función Pública). Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado.

Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación -un poco difícil de entender en el gobierno de Vizcarra-, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Magna y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejora atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

El escudero-premier a través de la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de dictar las normas interpretativas y aclaratorias de tal código, pero parece que sigue en la luna de Moquegua, ni ata ni desata.

El Artículo 6, sobre los Principios de la Función Pública, señala en el inciso 2do. “Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”, sin embargo, la realidad… es otra.

El Artículo 7, especifica que “El servidor público tiene los siguientes deberes:”, inciso 2do. “Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente”, pero…

El Artículo 8 prevé que el servidor público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo; así como de obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

El presidente Vizcarra aceptó la renuncia del ministro de Energía y Minas, quien a través de su empresa Conasac, realizó consultorías para Odebrecht. Con esta baja, el gobierno de Vizcarra perdió en promedio un ministro cada 22 días y hasta el momento ya van 32 renuncias ministeriales, ese sólo hecho demuestra que no existe ningún tipo de filtro para que un NNM se ponga un fajín.