AREQUIPA: GOBIERNO REGIONAL DEBE GARANTIZAR GESTIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ante la detención preliminar del gobernador regional de Arequipa y diversos funcionarios de esta entidad, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades encargadas del Gobierno Regional a garantizar la continuidad de la gestión y asegurar la prestación de los diversos servicios públicos, fundamentalmente, el proceso de planificación y ejecución de la vacunación, la habilitación del área de Emergencias del Hospital Honorio Delgado, y la aprobación de los planes de retorno semipresencial a las aulas.
Asimismo, se ha solicitado la designación, a la brevedad, de funcionarios con probidad e idoneidad para asumir los cargos de la gerencia general del Gobierno Regional, la dirección de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y la representación del Gobierno Regional en el directorio de Sedapar, tomando en cuenta que, en estos dos últimos casos, los funcionarios actuales se encuentran en calidad de detenidos.
El pedido de detención fue dispuesto por el Poder Judicial el pasado 23 de octubre en atención a que el gobernador habría presuntamente ofrecido la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas y/o terrenos del Estado a consejeros regionales y algunos gerentes, con el fin de abstenerse de cumplir con sus funciones, entre ellas, la de fiscalización para garantizar la permanencia de la autoridad regional en el cargo.
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Cabe precisar que, de acuerdo a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, entre el 2017 y el 2020, Arequipa registra 682 casos en trámite por delitos de corrupción, mostrando un incremento del 139 % de casos en el 2020 (249) respecto del año 2017 (104). Asimismo, se advierte que el 64 % (434) de casos se encuentran apenas en la etapa de investigación preliminar. Por tal motivo, se insta al Poder Ejecutivo a otorgar los recursos necesarios para que el Ministerio Público pueda investigar con celeridad y debida diligencia los casos de corrupción en trámite.
Por otro lado, de acuerdo a la información de la Contraloría General de la República, dicha región registra más de 901 millones soles de pérdidas por hechos de corrupción e inconducta funcional, que involucra a funcionarios públicos de distinto nivel.
Dado este contexto adverso para la lucha contra la corrupción, la Defensoría del Pueblo invoca a la Comisión Regional Anticorrupción a que, con carácter de urgencia, sesione y disponga la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades del sistema de justicia para evaluar la problemática vinculada a la demora de las investigaciones, procesamiento y sanción de los casos de corrupción, con particular atención en los casos emblemáticos de la región.
Es preciso recordar que las comisiones regionales anticorrupción son instancias fundamentales para la adecuada implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en tanto permiten enfocar sus objetivos al ámbito regional y actuar en función de su problemática y circunstancias específicas; asimismo, facilitan la ejecución de actividades coordinadas con las instituciones vinculadas con el sistema anticorrupción.
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