Alberto Otárola: Fiscalía le abre investigación preliminar por colusión agravada
El Ministerio Público informó que se incluye a la excuñada del premier, Carola Gissella Rodríguez Bringas, como supuesta cómplice.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada.
El Ministerio Público hizo uso de su cuenta de Twitter, para informar que la investigación incluye, como supuesta cómplice del delito a Carola Gisella Rodríguez Brindas, excuñada de Otárola, quien fue contratada por el MTPE.
Un reportaje periodístico evidenció que Rodríguez Bringas fue designada por el actual titular de la cartera de Trabajo, Alfonso Adrianzén, como asesora II del Despacho Ministerial, el pasado 21 de enero.
🚨|La Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar contra Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y contra Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada. pic.twitter.com/HlLC6EFdRR
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 14, 2023
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El semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ dio a conocer que, como funcionaria pública, la excuñada del primer ministro recibía un sueldo de S/15,500.
Como se recuerda, Alberto Otárola designó, inicialmente, a Alfonso Adrianzén como jefe de su gabinete de asesores. Sin embargo, al pasar a ocupar el premierato, lo asignó como secretario general, cargo que ocupó hasta el 13 de enero.
Pronto colocaría a Adrianzén como titular de la cartera de Trabajo en reemplazo de Eduardo García, quien renunció a modo de protesta por las muertes registradas en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Cabe señalar que, el primer ministro también enfrenta otra investigación, junto a la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de genocidio. Dicha investigación, surgió a raíz de las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales iniciadas en diciembre de 2022.
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