TRABAJADORES AGROEXPORTADORES EXIGEN PAGO DE 70 SOLES DIARIOS

Además de modificar Ley 31110 que favorece solo a empresarios.

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Exigen diálogo, que reiteraron por oficio al Ministro de Trabajo, entre el Estado, la empresa privada, trabajadores y Congreso. Dijeron que no participarán de reglamentación de la ley que les desfavorece, este jueves 28 programado por el Gobierno.

Andy Requejo Pérez y Susan Quintanilla, presidentes de los Comités de Lucha de Trabajadoras y Trabajadores de Agroexportación de la Provincia de Virú (La Libertad) y de Ica respectivamente, dijeron que el Ejecutivo quiere reglamentar una ley que no ha salido del consenso entre el Estado, la empresa privada y los trabajadores, sino que fue producto de la imposición a favor de las grandes agroexportadoras.

Requejo indicó que los trabajadores no están de acuerdo con la Ley que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti quiere reglamentar pronto y que exigen un pago justo por todo el trabajo que realizan, a veces, en condiciones no adecuadas.

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Manifestó que, después un estudio realista, los trabajadores piden que el pago diario para los trabajadores debe ser 70 soles y que esto será propuesto en el primer pliego de negociación colectiva por rama articulada.

Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha de Trabajadoras y Trabajadores de Agroexportación de Ica, dijo que debe modificarse la Ley 31110. “Nosotros pedimos una mesa de diálogo real donde participen los representantes del Gobierno, trabajadores, empresas y Congreso, que recoja las propuestas para otra ley”, dijo.

La dirigente de Ica precisó que “Están ignorando nuestros reclamos, la ley aprobada en el Congreso no beneficia al trabajador” y agregó que los trabajadores de la agroindustria rechazamos la ley que mantiene en esencia los privilegios que siempre han gozado los grandes empresarios agroindustriales del país; pero niega las mejoras salariales y condiciones de trabajo.

“Exigimos justicia e indemnización especial para los heridos y caídos en la lucha por los derechos de las y los trabajadores agrarios; y la imposición de sanciones penales para los responsables de estos crímenes contra los trabajadores”, indicó.

También, dijo, exigimos garantía para el ejercicio de su derecho constitucional a organizarnos sindicalmente y para negociar colectivamente.

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