LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO: FISCAL DENUNCIA AMENAZAS A TESTIGO CLAVE

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Quieren callarlo. Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, advirtió esta mañana que uno de los testigos protegidos, dispuesto a declarar en el desarrollo de las investigaciones a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, está recibiendo amenazas de muerte.

Jorge Chávez Cotrina indicó que, durante la audiencia que se desarrolla en la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción, la Fiscalía recibió un informe de la Policía Nacional sobre unas presuntas amenazas a un testigo clave. “Están amenazando a los testigos, ese es justamente el grave peligro procesal de toda organización criminal y uno de los grandes argumentos para que sus integrantes deben estar en prisión preventiva”, señaló el fiscal coordinador.

Asimismo, Jorge Chávez Cotrina precisó que el informe policial de dicha amenaza fue entregado a la fiscal responsable del caso, Roció Saavedra, el 23 de agosto. Para el fiscal coordinador, esta denuncia pondría en evidencia la peligrosidad de una presunta red criminal, por lo que, para salvaguardar la vida de este testigo, es necesario que la Sala Penal confirme la orden de prisión preventiva por 36 meses dictada contra los integrantes de la red criminal liderada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos.

En sus declaraciones, Jorge Chávez Cotrina señaló: “La prisión preventiva debe ser contra todos los integrantes porque no han actuado en forma individual, lo han hecho en el contexto de una organización criminal”, ante el conocimiento de que, este lunes, la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción revisará el recurso de apelación presentado por 12 integrantes de esta presunta organización, entre ellos el empresario Antonio Camayo y José Luis Cavassa Roncalla.

Cabe recordar que dicha organización delictiva fue desarticulada el 29 de julio pasado en un megaoperativo desarrollado en simultáneo en varios puntos de Lima tras una labor de investigación, que incluyó la interceptación legal de las comunicaciones telefónicas a magistrados y funcionarios del ámbito judicial. A los detenidos se les atribuye el presunto delito de tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros ilícitos en agravio del Estado, de acuerdo con los resultados de la indagación fiscal.

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