DENUNCIAN A EDMER TRUJILLO POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN

Ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

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Alfredo Vignolo, periodista y presidente la Fundación de Ética Periodística, denunció ante la Comisión de  Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República al titular de esa cartera, Edmer Trujillo Mori, por el incumplimiento de la Ley de Radio y Televisión en relación a la emisión del programa «El Valor de la Verdad» de Latina.

La denuncia también es contra Rosa Virginia Nakagawa Morales, viceministra de Comunicaciones, Juana Rómula López Escobar; Secretaria General, David Leopoldo Mendoza Fernández; Director General de la Dirección General de Fiscalización y Sanciones en Transportes y Miriam Larco; Secretaria Técnica de CONCORTV.

Según indicó, el Art. 70 de la Ley de Radio y Televisión la autoridad competente para verificar, determinar y sancionar las infracciones tipificadas en la norma legal es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Previa a esto, el señor Vignolo denunció a Latina (Canal 2) ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la transmisión del programa en mención.

DENUNCIA COMPLETA

«De acuerdo con el modelo legal vigente, existe regulación sobre la programación en los medios de comunicación social televisivos. Las normas especializadas son la Ley de Radio y Televisión (Ley No. 28278 de julio de 2004) y su reglamento (Decreto Supremo No. 005-2005-MTC de febrero 2005). El objeto de la normativa es regular la prestación de los servicios de radiodifusión. La ley comprende algunos principios (Art. II) sobre la prestación del servicio: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad; la defensa de los derechos humanos entre otros.

Dichos principios y su carácter vinculante se reiteran en los apartados referidos a los fines del servicio (Art. 4), a los deberes durante su prestación (Art. 33) y al contenido de los códigos de ética de los titulares. Por su lado, el reglamento (Art. 103) da cuenta de un horario de protección al menor en el que sólo se puede difundir programas y promociones, que pueden ser presenciados por niños y adolescentes sin supervisión de sus padres (o representantes) o bajo la orientación de los mismos.

El principio transversal de la ley en cuestión, es la dignidad de la persona, pues de ella se estructura los valores que privilegia (familia, educación) y la tendencia hacia la protección especial a los niños y adolescentes. Este principio, en la medida que es reconocido como tal en la aplicación de las normas (02273-2005-PHC/TC) y como base en la interpretación de la Constitución (0030-2005-PI/TC), es un verdadero límite a la libertad con la que se puede actuar en el ámbito de la programación en los medios de comunicación. Afirmar que la libertad de empresa en la definición de los contenidos de los programas o la libertad de decidir qué ver o no, son derechos absolutos, es claramente un despropósito. Ya el Tribunal Constitucional, en su oportunidad, expresó que si bien la Constitución busca garantizar el máximo respeto al ejercicio de las libertades económicas de los particulares, tal objetivo no puede concebirse de manera absoluta y aislada de la necesidad de protección de otros bienes constitucionales basados en la dignidad humana (0034-2004-AI/TC).

Es evidente que en el caso de los programas televisivos, existe un marco legal que comprende principios que hacen flexible una interpretación con parámetros constitucionales. Por ello, cualquier discusión sobre la legalidad de espacios televisivos, debe hacerse de modo casuístico y no con el criterio de censura abstracta, considerando no solo la ley sobre la materia, sino el contenido de los principios aplicables. Creemos que el inconveniente real es la falta de implementación de mecanismos efectivos de control y aplicación de la Ley de Radio y Televisión, pues pareciera que hasta la fecha ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (que no tiene opinión vinculante) han sido activos garantes de los principios de la ley.

Se tiene que garantizar el cumplimiento de los principios que prevé la normativa relativa al servicio de radiodifusión. Según el Art. 70 de la Ley de Radio y Televisión la autoridad competente para verificar, determinar y sancionar las infracciones tipificadas en la norma legal es el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cosa que las autoridades antes señaladas NO HAN HECHO ABSOLUTAMENTE NADA.

Pero, en el caso de infracciones referidas a la programación de los servicios de radiodifusión y al incumplimiento de la prestación del servicio de acuerdo con la clasificación contenida en los Artículos 9 y 10 de la Ley, en los procedimientos administrativos el MTC requerirá obligatoriamente de la opinión previa del Consejo Consultivo de Radio y Televisión CONCORTV a cargo de la Sra. Mirian Larco quien tampoco ha hecho nada. Efectivamente, en el mismo Art. 58 antes citado, en el literal e), se señala como atribución del CONCORTV: “Emitir opinión no vinculante, dentro del procedimiento administrativo sancionador” (CONCORTV desde su creación no ha emitido ninguna opinión para sancionar a un canal de TV). Esto quiere decir que en todo lo relativo a infracciones que tengan que ver con la programación, como pueden ser las de incumplimiento de las reglas de puntualidad, horario del menor, códigos de ética y otras semejantes, el Consejo participará mediante la emisión del dictamen respectivo. Esta oportunidad de actuación pública del CONCORTV podría servir para tender lazos con los radioescuchas y televidentes, al identificarse o solidarizarse con las familias preocupadas de lo que ven y oyen sus menores hijos y con los gremios empresariales de anunciantes y de radiodifusores que estén preocupados sinceramente por el comportamiento ético y la revalorización social del sector.

El Art. 33  señala que los servicios de radiodifusión, sonora y de televisión deben contribuir a proteger o respetar los derechos fundamentales de las personas,… y los principios establecidos en la presente Ley.

El Art. 34 prevé que el contenido de los códigos de ética se basa en los principios y lineamientos que promueve la presente Ley, así como en los tratados en materia de Derechos Humanos. Los titulares de servicios de radio y televisión, deben regir sus actividades conforme a los códigos de ética que deben establecer en forma asociada y excepcionalmente en forma individual. En el Código de Ética se incluirán disposiciones relativas al horario familiar, mecanismos concretos de autorregulación y la regulación de la cláusula de conciencia.

El Art. 70 es sumamente claro al señalar que las INFRACCIONES TIPIFICADAS EN LA PRESENTE LEY SERÁN VERIFICADAS, EVALUADAS, DETERMINADAS Y SANCIONADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y el Art. 76 sobre Infracciones graves, prevé que constituyen infracciones graves: k) El incumplimiento de las disposiciones del Código de Ética, que es lo que viene haciendo Latina Canal 2 a través del programa El Valor de la Verdad.

No sólo se ha violado la Ley de Radio y Televisión, sino el Código de Ética y el Pacto de Autoregulación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).

La Carta Magna, es clarísima: “Toda persona tiene derecho:”, “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”.

El Código Penal señala en el Art. 154 “El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. La pena será no menor de uno ni mayor de tres años y de treinta a ciento veinte días multa, cuando el agente revela la intimidad conocida de la manera antes prevista. Si utiliza algún medio de comunicación social, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de sesenta a ciento ochenta días-multa”.

El Art. 154-A, contempla que el que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”.

Por lo que al amparo de todo lo preceptuado, solicito a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República que usted preside admitan mi denuncia y que el ministerio de Transportes y Comunicaciones de acuerdo a sus atribuciones sancione a Latina Canal 2 y por ser reincidente sea levantado del aire el programa El Valor de la Verdad y que el ministerio cumpla con hacer efectiva la Ley de Radio y Televisión».

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LA OTRA DENUNCIA

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