CONTRALORÍA DETECTA PERJUICIO ECONÓMICO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 3 millones 484 mil 585 en el Hospital San Juan de Lurigancho debido a que recursos asignados a la atención médica de pacientes y compra de insumos médicos, fueron destinados a otorgar tarjetas de consumo a cerca de mil trabajadores. Ocho funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa en estos hechos ocurridos en el 2019 y 2020.
Según el Informe de Control Específico N° 016-2021-2-5531, la primera irregularidad se produjo cuando funcionarios y servidores del hospital modificaron el presupuesto asignado de la entidad, afectando o limitando la atención de pacientes de las diferentes especialidades médicas, para disponer de S/ 1 millón 931 mil 446, monto que fue empleado para entregarle incentivos económicos a 933 trabajadores que, según la entidad, requerían un soporte nutricional para prevenir enfermedades ocupacionales.
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Como el beneficio económico no estaba presupuestado, los responsables de la administración de recursos de la entidad “anularon” algunos gastos que tenían presupuesto asignado como la compra de medicamentos, instrumental médico, artículos de aseo y limpieza, destinados a la atención exclusiva de pacientes con tuberculosis, VIH/SIDA, salud materno neonatal, salud mental, entre otros.
Además, anularon gastos orientados a asegurar la alimentación adecuada para enfermos, atención en casos de violencia familiar o sexual, atención en consultas (externas, emergencias, urgencias), asistencia en medicina física y rehabilitación, entre otros.
De esta forma, la entidad contó con recursos disponibles para la partida “alimentos y bebidas para consumo humano” y dispuso realizar la adquisición de tarjetas electrónicas de soporte nutricional que fueron entregadas a los 933 trabajadores, las cuales se recargarían mensualmente con S/ 250.
USO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS
La segunda irregularidad se produjo en la recepción y uso de las tarjetas electrónicas, la aprobación de un adicional y la suscripción de un contrato complementario, lo cual ocasionó el quebrantamiento de la finalidad púbica de la contratación, y generó un perjuicio económico de S/ 1 millón 553 mil 139 a la entidad.
Según el contrato suscrito entre la entidad y una empresa de supermercados, el monto de las tarjetas de soporte nutricional (ascendente a un total de S/ 2 729 025), solo debía ser utilizado para el consumo de alimentos. Sin embargo, se ha evidenciado que los trabajadores utilizaron las tarjetas para comprar alimentos por S/ 1 585 050 (58%) y utilizaron S/ 1 144 659 (42%) en la adquisición de artefactos electrodomésticos, textil, hogar, entre otros.
Posteriormente, se aprobó una prestación adicional de la adquisición de tarjetas electrónicas sin sustentar adecuadamente los motivos excepcionales, suscribiéndose la primera adenda al contrato, donde se gastó S/ 218 395. Luego, se suscribió un contrato complementario por S/ 623 922. En ambos casos, los trabajadores optaron por comprar 60% del monto total en alimentos y el restante en otro tipo de productos.
Además, se evidenciaron irregularidades en la ejecución de un contrato debido a que la entidad recibió 106 tarjetas electrónicas en blanco, por un importe de S/ 70 750, las cuales no consignaban el nombre ni DNI del beneficiario, las mismas que fueron utilizadas para beneficiar a terceros, mediante la entrega de canastas navideñas, almuerzos, celebración por el día de la madre y día de la mujer, entre otros.
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Las tarjetas electrónicas no cumplieron con la finalidad de dar un soporte nutricional a los trabajadores expuestos para prevenir enfermedades ocupacionales pues no fueron utilizadas en su totalidad para la compra de alimentos perecibles y no perecibles. Asimismo, lesionó el correcto funcionamiento de la administración pública.
El informe de control fue comunicado al Director General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima – Centro a fin de que realice las acciones para el deslinde de las responsabilidades que correspondan a los ocho funcionarios y servidores públicos del Hospital San Juan de Lurigancho comprendidos en los hechos irregulares. Además, se comunicó al Procurador Público del Ministerio de Salud a fin de que inicie las acciones legales a tres de ellos que tendrían presunta responsabilidad penal.
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