Argentina: Cristina Fernández es condenada a 6 años de prisión por corrupción
La expresidenta no podrá ejercer funciones públicas debido a inhabilitación perpetua.
Cristina Fernández de Kirchner (69) fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por defraudación al Estado en Argentina. El juicio inició en mayo del 2019, por irregularidades en la concesión de obras viales, durante sus gobiernos y el de su esposo.
Este martes 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, determinó que la expresidenta es culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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El fallo es histórico en el país del sur, pues se trata de la primera vicepresidenta en ejercicio de funciones sentenciada y, además, una de las políticas con mayor influencia de Argentina.
El proceso judicial duró tres años y medio con 13 imputados y más de 100 testigos.
La fiscalía pidió 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero el Tribunal determinó que la pena sería la mitad. Al momento de ser sentenciada, Fernández de Kirchner ejercía la Presidencia de la República, pues el jefe de Estado, Alberto Fernández, se encuentra en Montevideo, Uruguay.
A pesar de la condena, la expresidenta de Argentina no ingresará a prisión, pues podrá apelar al fallo y está protegida con fueros especiales por su actual cargo. En caso durante las instancias siguientes se confirme la sentencia, la privación de la libertad sería de manera domiciliaria, un beneficio que tienen aquellos de más de 70 años de edad.
Fernández Kirchner fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. Según la tesis fiscal, ella direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era socio y amigo de la pareja.
Los fiscales Diego Luciane y Sergio Mola aseguraron que las obras contratadas durante los gobiernos kirchneristas quedaron incompletas, además registran un sobreprecio e incluso eran innecesarias.
La expresidenta acusó, desde el principio del juicio, que la condena estaba escrita y que se formaba parte del “lawfare” (persecución judicial), desde que terminó su segunda presidencia.
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— Diario Extra – Perú (@EXTRA_Peru) December 6, 2022
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